Una ley que permita PARTICIPAR a las ONG

A continuación podés ver nuestras propuestas para responder a los principales problemas para la participación ciudadana en las discusiones sobre asuntos públicos. Las ONG son espacios fundamentales. Se trata de obstáculos que presenta nuestro sistema institucional que impiden la plena participación ciudadana en los procesos de formulación de políticas públicas y de decisión sobre asuntos que son comunes a todos los ciudadanos.

¡Ayudanos a solucionarlos!

Los espacios que ofrece nuestro sistema institucional para que los ciudadanos en general, y las ONG en particular, podamos participar de manera en los procesos de formulación de políticas públicas y de decisión sobre asuntos comunes son muy acotados e insuficientes. Si bien formalmente existen algunas instancias en el ámbito de los tres podres del Estado, lo cierto es que muchas de ellas han caído en desuso y las otras dependen de la voluntad de los funcionarios públicos para tener lugar

El régimen de audiencias públicas en el Poder Ejecutivo ha caído prácticamente en desuso

Problema

Si bien la celebración de audiencias públicas en las que pueda participar la ciudadanía se encuentran previstas en el Decreto n° 1172/03, lo cierto es que el Poder Ejecutivo no utiliza esta herramienta de manera regular, sino que queda aislada a algunos pocos casos marginales. En buena medida, esto responde a que el decreto establece el carácter optativo de las audiencias públicas, aún en aquellos supuestos en que sean solicitada por los ciudadanos.

Solución

Implementar el régimen de audiencias públicas en el ámbito del Poder Ejecutivo.

La primera y más obvia solución es que el Poder Ejecutivo impulse la participación ciudadana con las herramientas previstas en el decreto 1172/03. Adicionalmente, debería reformarse el decreto con el fin de establecer la obligatoriedad de realizar audiencias públicas para definir ciertas políticas públicas. Asimismo, debería preverse la obligatoriedad de realizar aquellas audiencias públicas que fueran solicitadas por un alto número de ciudadanos y/o ONG.

El régimen de elaboración participativa de leyes y decretos en el Poder Ejecutivo ha caído prácticamente en desuso

Problema

Si bien el Decreto n°1172/03 establece un mecanismo para la participación ciudadana en el proceso de formulación de proyectos de ley y el dictado de decretos en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, su aplicación real es prácticamente inexistente.

Solución

Implementar el régimen de elaboración participativa de leyes y decretos en el Poder Ejecutivo

La primera solución a este problema es cumplir con el régimen de elaboración participativa de normas en el ámbito del Poder Ejecutivo. Asimismo, debería modificarse este decreto para establecer la obligatoriedad de utilizar este procedimiento participativo en relación a determinadas normas clave, como el proyecto de ley de presupuesto.

El régimen de audiencias públicas en el Congreso Nacional no prevé instancias de discusión

Problema

Tanto el Senado como la Cámara de Diputados contemplan la posibilidad de celebrar audiencias públicas en casos especialmente relevantes, y si bien es una herramienta que se ha utilizado mucho, lo cierto es que suele quedar circunscripta a eventos aislados en los que gran cantidad de personas individuales o representantes de ONG participan expresando sus puntos de vista, pero sin que eso provoque posteriores instancias de debate público.

Asimismo, no se establece la obligatoriedad de celebrar audiencias públicas en casos determinados, sino que la decisión recae sobre la valoración discrecional del legislador que preside la comisión en la que se debata el asunto.

Solución

Fortalecer las instancias participativas en el ámbito del Congreso Nacional, previendo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados que la realización de audiencias públicas se extienda en el tiempo e involucre discusiones entre todos los asistentes y entre los legisladores.

Asimismo, debería establecerse en qué casos deberían ser convocadas obligatoriamente las audiencias públicas, tal como se regula en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Esto  puede ser vital para que la participación no quede reducida a una mera expresión de argumentos en forma de monólogo, sino que se transforme en un insumo para un proceso de discusión colectiva que nos permita delibrar sobre cuál es la mejor política pública.

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