Una ley que permita FUNCIONAR a las ONG

Las ONG deben pagar prácticamente los mismos impuestos que las empresas privadas, ignorando que no persiguen una finalidad de lucro. Los aspectos más preocupantes de este problema son:

• Las exenciones impositivas se restringen sólo a algunos tributos, entre los cuales no se encuentra uno de los más significativos: el IVA.
• Los trámites para acceder a las exenciones impositivas suelen ser engorrosos y requerir de asesoramiento profesional, que es costoso.
• Las ONG más chicas deben cumplir con las mismas obligaciones que las más grandes, lo que se presenta altamente inequitativo porque les resulta más difícil cumplirlo.

Generar un marco impositivo que incentive la actividad de las ONG en general, y que provea de facilidades especiales para las ONG más pequeñas.

• Ampliar las exenciones impositivas para las ONG. Debería contemplar una reducción en el pago del IVA, del impuesto a los débitos y créditos bancarios, y también en el pago de tributos provinciales y municipales como el Impuesto de Ingresos Brutos o el de Sellos, entre otros.
• Ampliar el universo de ONG que pueden acceder a la exención al impuesto a las ganancias, ya que hoy sólo pueden acceder aquellas que persiguen las misiones específicamente previstas en la ley.
• Facilidades especiales para las ONG más pequeñas: e Además del régimen general de incentivo a todas la ONG, deberían preverse exenciones impositivas específicas para las ONG con menor capacidad de subsistencia. Esto se logra por medio de la segmentación de las ONG según su tamaño, sus ingresos anuales, la cantidad de personal que tengan contratado, entre otras variables posibles.

La contratación de personal en las condiciones que estipula la Ley resulta excesivamente onerosa para las ONG. Para contratar un trabajador, las ONG deben afrontar los mismos costos que una empresa privada, con la particular diferencia que las ONG no pueden trasladar este costo a la venta de un bien o servicio, ya que en su mayoría se financian gracias a donaciones.

A su vez, es aplicable el régimen general de contratación de la Ley de Contrato de Trabajo, que desconoce que en muchos casos el trabajo de las ONG no suele ser continuado en virtud del carácter temporal de los proyectos para los que se obtiene financiamiento.

Todo esto, ha conducido a que exista un alto grado de informalidad laboral en el sector.

Generar un régimen para la contratación de personal que pueda ser afrontado por la economía de las ONG, y que responda al tipo de trabajo que desarrollan.

• Implementación de un régimen de cofinanciación estatal de las cargas sociales de los trabajadores. Se trata de un régimen de pago conjunto de las obligaciones derivadas de la registración de un trabajador, para lograr que esa contratación sea más sustentable para las ONG y a su vez no se provoque una flexibilización de las condiciones laborales de los trabajadores.
• Creación de regímenes de contratación por proyectos, que respondan a las limitaciones temporales de cada proyecto.
• Creación de un “Fondo de Cese Laboral”, que se integrará con un aporte obligatorio a cargo del empleador. Cuando termine un proyecto, los trabajadores de las ONG podrán cobrar un seguro de cese laboral hasta que consigan otro trabajo, al igual que ocurre con el personal del gremio de la construcción.

El mantenimiento de la personería jurídica requiere de la presentación periódica de documentación contable compleja (balances, planes financieros, entre otros). Estas tareas no son sencillas e insumen mucho tiempo, y a la vez requieren necesariamente de la contratación de un contador público para su realización.

Asimismo, la UIF no ha actualizado los montos mínimos de movimientos bancarios para que las ONG pasen a ser sujetos responsables, lo cual significa que movimientos de dinero muy acotados provocan la obligación de cumplir con los trámites que impone dicho organismo, lo cual también requiere de asesoramiento profesional.

Deben simplificarse los trámites para mantener la personería jurídica, atendiendo especialmente a las dificultades de las ONG más pequeñas.

• Segmentar el tipo de documentación contable que deben presentar las OSC según su tamaño.

• Permitir que las Simples Asociaciones no deban presentar documentación contable para mantener su reconocimiento.

• Crear mecanismos de asesoramiento gratuito para ONG.

• Aumento del monto a partir del cual las organizaciones sociales son consideradas sujetos responsables ante la UIF, fijando pautas para su actualización por inflación.

Actualmente la cantidad de donaciones que personas privadas realizan a las ONG en dinero es limitada. Si bien esto responde a distintos factores, uno muy relevante es la ausencia de incentivos fiscales suficientes para que los ciudadanos o empresas privadas efectúen donaciones de dinero a ONG.

Actualmente, la Ley de Impuesto a las Ganancias sólo permite deducir un 5% del monto total que será gravado en concepto de donaciones. Esto significa que, más allá de que una persona o empresa haga un aporte a una entidad que contribuya al bien común, si se esa donación excede el 5% del monto anual de sus ganancias, deberá tributar por ese dinero.

Lo más grave es que esas deducciones sólo son posibles en caso que las donaciones sean efectuadas a algunas ONG en particular, ya que la Ley establece que para poder deducir el monto donado, la entidad destinataria debe perseguir alguna de las finalidades que están previstas en la normas, que son muy pocas. Esto significa que muchas ONG quedan fuera de este régimen, y que por lo tanto no cuenten con este incentivo para recibir donaciones.

Aumentar el tope deducible del impuesto a las ganancias en concepto de donaciones, y ampliarlo a las efectuadas a cualquier tipo de ONG

Si bien en nuestro país se suelen destinar muchos recursos estatales para financiar a ONG, la determinación de esos desembolsos responde a la valoración discrecional del funcionario de turno, y no a pautas más igualitarias.

Esto dificulta el acceso al financiamiento público para ONG, pero además puede generar un problema grave de dependencia hacia el Estado. La discrecionalidad en la entrega de fondos puede dar a los funcionarios públicos un poder de veto sobre las actividades de la ONG beneficiaria, que podrían verse en la disyuntiva de tener que elegir entre cumplir con su misión o recibir ciertos fondos que pueden ser cruciales para su sostenibilidad.

Crear un sistema de financiamiento público para ONG basado en pautas objetivas, como el concurso público de proyectos con jurados independientes.